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La transición democrática en argentina desde 1983

Por: Ricardo Lafferriere

El proceso democrático formalmente iniciado en 1983 tiene así hoy un horizonte que supera los límites nacionales, pero que requiere volcar en él más creatividad, inteligencia y diálogo que nunca para superar definitivamente los ecos del pasado y lanzarse con decisión a la construcción de la sociedad del futuro. Es el mejor homenaje que las generaciones de hoy pueden rendir al esfuerzo y la lucha de quienes en 1983 soñaron una democracia plena.


(*) Ricardo Lafferriere, Abogado. Se ha desempeñado como Senador Nacional (1983/1995) y Diputado Nacional (1995/1999) y como Embajador de la República Argentina en España (2000/2002)

La democracia es un sistema de gobierno que, por definición, debe adecuarse a los temas de agenda que cubren los problemas de la sociedad. Éstos cambian con los tiempos y la densidad de esos cambios es cada vez mayor. En los tiempos actuales, además, tiene una característica disruptiva con respecto a la configuración que tenía en el siglo XX: es el protagonismo de los ciudadanos, con creciente poder por la facilidad de acceso a la interactividad y las redes sociales. Ello pone en cuestión el tradicional sistema de relaciones entre los ciudadanos, el poder y los partidos, y la función y estructura de los propios partidos políticos.

Un corte en 1983 y otro en la actualidad nos muestran dos países diferentes en dos escenarios mundiales también diferentes. El poder debe responder a ese cambio de escenarios y de agenda convirtiendo a la vida democrática en una transición constante cada vez más acelerada, con el correspondiente esfuerzo reflexivo, frescura intelectual y apertura al dialogo.

La memoria reciente de la política argentina extiende su partida de nacimiento el 10 de diciembre de 1983. Sin embargo, esa fecha no significó la aparición mágica de un sistema utópico de gobierno que aterrizó en la Argentina desde la nada. Por el contrario, sus raíces son densas y contradictorias, tanto como la evolución que en estas más de tres décadas ha mostrado el sistema político y la propia sociedad argentinas.

Las raíces modernas de la democracia pueden ubicarse -con algo de voluntarismo, porque la historia es un “continuo” de causas y efectos en la que las fechas son siempre convencionales- en el proceso que comenzó a gestarse con el golpe que derrocó a Arturo Illia en 1966.

La “Revolución Argentina” fue la primera experiencia política en la que las Fuerzas Armadas aparecieron como responsables exclusivas del gobierno, sin relación abierta con ninguna de las fuerzas políticas sino por el contrario, prohibiendo a la política como actividad, disolviendo los partidos y apropiándose de sus bienes.

Esa actitud las convirtió en el “contramodelo” del sistema democrático-representativo, al dejar en la oposición a todo el arco político cuyas luchas habían motorizado la historia argentina reciente. Quedaron convertidas en el enemigo a vencer, no ya por el partido que estuviera en la oposición sino por todas las fuerzas políticas del país.

En los debates de esos años se encuentran los gérmenes de las miradas interpretativas del país que chocarían -y chocan, aún hoy- sobre la Argentina ideal. Fue en ese lapso en el que comenzaron a abrirse las dos grandes alternativas sobre la convivencia nacional: la democracia, o la violencia.

“El poder nace del fusil”, frase de Mao hecha propia por los revolucionarios cubanos, atrajo a muchos. Su argumento parecía simple, aunque lineal: ningún avance es posible sin apoyarse en la fuerza, como lo demuestran no sólo nuestra historia sino la historia de toda América Latina. Esa fuerza debe ser armada, como único camino para vencer a la fuerza armada del enemigo.

Frente a esa consigna, se abría su contraria: “Las bayonetas sirven para todo, menos para apoyarse en ellas”. La frase de Talleyrand a Napoleón definía la otra mirada. Un gobierno democrático sólo podía apoyarse en la fuerza movilizada de los ciudadanos, y se consolidaría con el ejercicio libre del sufragio, único mecanismo que refleja la verdadera democracia en la que cada persona vale una unidad, por encima de su fuerza física, de su edad, de su situación social o de su estatus económico.

La primera abrió el espacio a las formaciones especiales del peronismo, a organizaciones armadas de partidos de izquierda extrema de diversas extracciones e incluso de grupos de derecha nacionalistas y filofascistas. La segunda, implicó el comienzo de la toma de conciencia de la sociedad, en forma progresiva, sobre el valor de la democracia que había sido golpeada por tantos años de fracasos.

1973 pareció mostrar el triunfo de la opción violenta, aunque utilizando para su última etapa de llegada al poder las formas constitucionales. La mirada de la “violencia organizada” parecía haber triunfado, con el apoyo y la utilización de la figura mística de un liderazgo populista -el de Perón en el exilio- pero duró poco, apenas unas semanas. Cámpora fue defenestrado por Perón, que volvió al país y se consagró Presidente, abriendo el capítulo sangriento de enfrentamiento que a partir de ese momento tuvo un ascenso descontrolado, provocó la llegada de la dictadura militar y llevó a la Argentina al baño de sangre cuyas consecuencias se sufren aún hoy, a cuatro décadas de producidos los hechos.

Para tomar una idea de la dimensión de su efecto en la población argentina, recordemos que la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, precursora de lo que es hoy la Unión Europea, comenzó a gestarse en 1950. En ese momento Alemania y Francia, los grandes enemigos de esa guerra, comenzaron a imbricar sus economías a tan sólo cinco años de terminado el conflicto que había llevado a la muerte a decenas de millones de personas (1945).

La dictadura iniciada en 1976, resultado inexorable de la democracia “basada en las armas” que declaró la guerra a su propio gobierno en 1974, rompió todos los diques de la moralidad civilizada. La sangre en las calles se adueñó de la convivencia, instalando la pesadilla cotidiana en la que la muerte era la compañera real o virtual de cada ciudadano.

Con esa experiencia, la lucha contra la nueva dictadura en el país tendría otra salida. La opción violenta no fue la principal protagonista, sino las grandes mayorías ciudadanas. La construcción política de esa salida tuvo el protagonismo central en fuerzas juveniles de diverso signo -la principal de ellas, la Franja Morada y a partir de ella, la Juventud Radical-, y un liderazgo democrático, el de Raúl Alfonsín, que fue abriéndose espacio en el medio del fuego cruzado de la guerrilla y la represión, sin ceder a la tentación de ninguna de ellas.

Las fuerzas guerrilleras fueron diezmadas por las Fuerzas Armadas, y éstas perdieron definitivamente su prestigio con la derrota en la Guerra de Malvinas. Esos hechos crearon una oportunidad excepcional para avanzar con la prédica democrática, con una bandera: la unidad nacional. “Hemos vencido, pero no hemos derrotado a nadie”, fue la definición de Alfonsín la noche de su triunfo, convencido de la posibilidad de lograr la reconstrucción de la unidad nacional, no sólo entre los antiguos adversarios políticos sino entre civiles y militares.

Para con los primeros, tendió su mano ofreciendo nada menos que la presidencia de la Corte Suprema de Justicia al candidato peronista derrotado, gesto cuya dimensión se agiganta al ver hoy al Poder Judicial bastardeado por una oleada partidista que lo deformó a partir de 1989. Con las segundas, ofreciendo un camino de reconciliación, repetidas veces y con repetidos gestos políticos, depurada de sus conducciones facciosas que habían comandado la represión ilegal, a las que sometió a juicio al igual que a las cúpulas guerrilleras.

Alfonsín debió atravesar  intemperancias residuales, tal vez justas desde lo ético -la ética no es una ciencia exacta sino que responde a múltiples visiones y sentimientos- pero que fueron debilitando esa gran unidad nacional de sostén democrático. Su propuesta de “niveles de responsabilidad”, bandera de su campaña electoral votada por la ciudadanía, fue atacada en forma inmisericorde por una oposición cuya propuesta electoral había sido aceptar la autoamnistía dictada en los últimos días de la dictadura. Su política militar le generó cuatro levantamientos castrenses que no aceptaban siquiera que los principales responsables fueran llevados a juicio.

Esas heridas sin cerrar fueron utilizadas en los años siguientes distorsionando el verdadero papel de una democracia en funciones: el debate sobre el futuro. Endurecieron brechas, evitaron cerrar con equidad una etapa negra, y bloquearon el avance inteligente del país al ritmo del mundo. Un mundo que, bueno es recordarlo, desataba la más impresionante revolución científico-técnica de su historia, superaba la “guerra fría” y se lanzaba de lleno a construir cadenas globales de valor aprovechando los beneficios de la globalización y el mercado mundial unificado que sucedió al mundo bipolar.

Una “foto” de la Argentina en 1983 y hoy muestran los claroscuros. Es un país en el que la vida democrática palpita como en pocos, en forma vibrante y libre. La intolerancia con la violación de derechos humanos es tal vez la mayor de la región y quizás del mundo. Aún en sus crisis políticas más complicadas -como sin dudas fue la de 2001- las reglas del sistema democrático y la legalidad constitucional funcionaron sin ruptura, y la aplicación de las normas prevaleció, aún en el mayor estado de excepción, por sobre las llamadas rupturistas del orden legal. Es el mayor y más exitoso legado de Alfonsín.

Sin embargo, también es un país que perdió el tren de su desarrollo económico y con él de su capacidad de financiar su equidad social. La insistencia -justa- en mantener esta última e incluso ampliarla para garantizar un piso de dignidad a todos, no fue acompañada de una visión inteligente y exitosa en el desarrollo de la creación de riqueza, estancada desde hace años.

La Argentina es uno de los únicos países del mundo con educación gratuita en los tres niveles, con salud pública gratuita de acceso libre, de jubilación universal, de subsidios a los servicios públicos básicos cuyo precio está en el nivel comparativo inferior a toda la región y que además cuenta con un generoso sistema de precios subsidiados a los sectores de menores ingresos a través de las “tarifas sociales” y con el mayor gasto social por habitante del continente.

Sin embargo, todo ese conglomerado de gastos sociales es soportado por una economía que, a iguales valores de comparación, se mantiene en los mismos niveles de actividad que hace veinte años, en los que además la población creció en cinco millones de personas.

Esa tensión entre lo que el país gasta y lo que produce llegó en 2018 a un nivel insostenible. Veinte mil millones de dólares de déficit en el sector externo y Quinientos mil millones de pesos de déficit presupuestario son números que no sólo indican la magnitud del desajuste estructural sino que son sólo sostenibles con una deuda cada vez mayor, lo que es posible mientras exista quien nos preste.

Revertir esa tensión es hoy el desafío para medir el éxito de la democracia. Ello implica un gigantesco esfuerzo de inversión, que por su dimensión es inalcanzable para ser financiado con ahorro interno -ya que no se pueden subir los impuestos, ni bajar los salarios, ni se desea reducir el gasto social, jubilaciones o pensiones-. Tampoco es sostenible -ni viable- mayor endeudamiento. Para sostener las líneas de equidad -e incluso incrementarlas con lo que falta, que es mucho- es imprescindible antes volver a contar con una economía dinámica.

Ese desafío tiene múltiples frentes, entre otros: mejoramiento de la infraestructura productiva y social, capacitación de emprendedores, atracción de grandes inversiones para el desarrollo energético, modernización del Estado y los negocios, avanzar hacia el ahorro energético con una franca utilización en renovables e imbricarse adecuadamente en la revolución científico-técnica en los campos de avanzada.

Ese es el principal tema de agenda de la democracia actual, pero no el único.

Trascendentes capítulos en el campo social y político asoman cada vez más nítidamente. Los cambios en el trabajo con la avasallante irrupción de las tecnologías informáticas y comunicacionales, la robotización y el cambio de los paradigmas productivos ponen en jaque una de las instituciones fundamentales del paradigma socio-económico vigente durante el siglo XX en nuestro país y en el mundo: el trabajo estable.

Esa institución funcionaba como una “columna vertebral” que organizaba muchos sub-sistemas de la sociedad: el régimen previsional, la asistencia social, la organización médica, gran parte del sistema financiero, el régimen impositivo, etc. La reducción del trabajo estable presenta desafíos imprevistos. La reducción de aportantes por la automatización creciente destroza la lógica “aportantes-beneficiarios” sobre la que se organizaron los sistemas jubilatorios, con la consecuencia que su financiamiento debe reforzarse con aportes impositivos soportados por la parte activa de la sociedad, que paga impuestos. Es necesario destacar este desequilibrio porque las pasividades -jubilaciones, pensiones, retiros- son las destinatarias del 70 % del gasto público nacional, y esos fondos públicos se restan a otras actividades como infraestructura, educación, salud, seguridad y justicia.

Nuevos campos de actividad significan demanda de nuevas capacitaciones. El emprendedurismo y los nuevos servicios modernos requieren un adiestramiento permanente. El empleo móvil, por su parte, es inconsistente con una oferta rígida del sistema educativo, que debe reformarse urgentemente. Sus características demandan además reglamentaciones nuevas que no caben en las viejas categorizaciones laborales del mundo industrial.

La incorporación del país al “cutting edge” de la revolución científica global demanda fortalecer instituciones de excelencia. El deterioro del hábitat planetario, por último, al poner en riesgo la “casa común” y alcanzar en sus efectos a todos -ricos y pobres, viejos y jóvenes, mujeres y hombres- agrega a la reflexión los límites de un planeta y sus recursos que no son infinitos -como se descontaba en otros tiempos- sino que son limitados y agotables.

Esa reflexión nos lleva a la última demanda: la reconstrucción de partidos políticos serios, reflexivos, con órganos de investigación y elaboración de propuestas superadoras de los reclamos dogmáticos anclados en las épicas históricas. Tal vez sea el principal aporte que puede realizar el radicalismo a la historia nacional por su tradición democrática, su elusión a las segregaciones de clases y su convocatoria permanente al debate y a la unidad.

CAMBIEMOS ha significado un gran paso adelante, pero de ninguna manera la panacea. Las visiones que conviven en el conglomerado de gobierno requieren ser puestas en debate en espacios plurales y tolerantes, con marcos de reflexión y toma de decisiones que no caben en una reducida mesa política ni sólo en un gabinete especializado.

La política democrática es por sobre todo el espacio en el que los ciudadanos pueden cambiar ideas y decidir qué hacer con su destino común. Requiere “interfases”, que de ninguna manera se agotan en el forzoso maniqueísmo de las redes sociales. Para superar las “grietas” es necesario reconstruir un espacio reflexivo. Esa es, finalizando esta mirada, la regla de oro para el éxito de la política que viene en la que la transición desembocará en sucesivas nuevas transiciones a tono con la evolución del país y del mundo.

Los tiempos en los que avanzamos pueden ser portentosos o convertir la vida en una pesadilla. Depende de las decisiones que tomemos los seres humanos. La política enfrenta hoy una agenda global que no puede eludirse ni convertirse en estandarte de lucha: calentamiento global, migraciones, terrorismo, desequilibrio financiero por el crecimiento de la “riqueza virtual” por sobre la base productiva, reaparición de nacionalismos y chauvinismos, nuevas formas de autoritarismo y grandes desigualdades entre regiones y personas.

Todos estos fenómenos están vinculados entre sí y requieren una gobernanza global, cuyo germen está cada vez más claramente expresado en el G20. Allí están los representantes de todas las visiones más importantes del planeta, desde EEUU hasta China y Rusia, desde Japón hasta la India y Brasil, desde Sudáfrica hasta Alemania y Chile. Nuestro país debe jerarquizar su pertenencia a ese grupo, plural e integrador de ideologías y sistemas diferentes.

Pero no puede quedarse con eso sino trabajar para lograr el acceso a la élite de las democracias abiertas, a la que debe aspirar por derecho propio y vocación de futuro: la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). El trabajo en ambos espacios potenciará las chances del país para un gran salto adelante, compartiendo el liderazgo del desarrollo inclusivo y los esfuerzos del mundo democrático por una sociedad abierta, moderna, tolerante y dinámica.

El proceso democrático formalmente iniciado en 1983 tiene así hoy un horizonte que supera los límites nacionales, pero que requiere volcar en él más creatividad, inteligencia y diálogo que nunca para superar definitivamente los ecos del pasado y lanzarse con decisión a la construcción de la sociedad del futuro. Es el mejor homenaje que las generaciones de hoy pueden rendir al esfuerzo y la lucha de quienes en 1983 soñaron una democracia plena.

 

(*)Ricardo Lafferriere, Abogado. Se ha desempeñado como Senador Nacional (1983/1995) y Diputado Nacional (1995/1999) y como Embajador de la República Argentina en España (2000/2002)

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