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El pedido de desafuero de Ricardo Balbin y Arturo Illia

Por: Eduardo Rivas

Hubo un tiempo en el que la lawfare no se llamaba lawfare y era tan sólo persecución política de quien pensara diferente bajo el amparo de un supuesto cumplimiento de la ley, por ello es útil recordar aquella época para poder diferenciar lo que es realmente la persecución política y diferenciarla de la persecución de políticos, que no es lo mismo ni es igual, porque el que un político esté preso no significa que sea un preso político.


Para poder entender claramente de qué hablamos cuando hablamos de lawfare recurriremos al Diputado peronista Oscar Laborde, quien afirma que ‘El término describe “un modo de guerra no convencional en el que la ley es usada como un medio para conseguir un objetivo militar” y es utilizado con este sentido en Unrestricted Warfare, un libro de 1999 sobre estrategia militar’, pero los argentinos, aunque con otro título, la conocimos bastante antes.

Uno de los ejemplos por excelencia de persecución política en gobiernos elegidos por los votos y no por las botas (aunque haya habido botas decidiendo si había o no votos) es el gobierno de Juan Domingo Perón en la década del ’50 del siglo pasado.

Si bien sobran ejemplos que demuestran la persecución practicada contra la oposición política, tomaremos tres casos, de resolución diferente, para entender por qué cuando se menciona el accionar judicial actual como guerra jurídica muy lejos está de lo que los argentinos conocimos como tal.

El primero de ellos ocurrió a finales de la década del ’40 cuando el diputado radical Ernesto  Sammartino afirmó en la Cámara de Diputados que ‘el aluvión zoológico del 24 de febrero parece haber arrojado algún diputado a su banca, para que desde ella maúlle a los astros por una dieta de 2.500 pesos. Que siga maullando, a mí no me molesta’. Esta referencia del miembro del mítico Bloque de los 44, que se había erigido como el último dique de contención en la Cámara de Diputados de la Nación, provocó que sus pares peronistas votaran la conformación de una comisión especial y urgente para expulsarlo de la Cámara. Sabiendo lo que ocurriría si esto se aprobaba, el propio líder del bloque de diputados radicales, Ricardo Balbín, expuso por más de dos horas distrayendo la atención y garantizando el tiempo para que Sammartino pudiera huir en lancha y exiliarse en Uruguay.

Diferente fue la suerte del propio Balbín, quizás en el caso más conocido de persecución política de la época, puesto que él eligió no exiliarse y dar pelea en los ámbitos correspondientes. Todo comenzó el 30 de agosto de 1949 cuando durante el cierre del Congreso Agrario Nacional organizado por el radicalismo, habló en el Centro Asturiano de Rosario. Entre otras cuestiones Balbín puntualizó que ‘hombres del campo… debéis saber que empieza la revolución social del Radicalismo… desde hoy… hemos resuelto luchar tesonera y físicamente, y decirle a la juventud que se prepare para hacer la revolución que no pudimos hacer nosotros’.

Este discurso, que había sido minuciosamente reproducido por los dos taquígrafos y los cinco empleados que la Sección Orden Social Político que la policía santafesina había enviados al acto, despertó la ira del diputado peronista Luis Roche, quien lo denunció por desacato, sedición y rebeldía contra el Presidente de la República. El juez Ferrarons, quien llevó adelante la causa pidió el desafuero de Balbín el 23 de septiembre del mismo año, menos de un mes de haberse producido los hechos, y poco menos de una semana después, el 29 del mismo mes, la Cámara de Diputados en su última sesión ordinaria del año, decidió constituirse en Comisión, lo que permitía que se discutieran en el recinto proyectos que no hayan pasado por las comisiones respectivas.

El peronismo se expidió al respecto a través del Diputado Bagnasco, quien sostuvo que las acusaciones eran aún más grave de lo previsto dado que ‘quien la realiza es un hábil orador, cuya mímica se apodera de la emoción de sus oyentes y cuyo énfasis transforma a menudo palabras menos agraviantes en hirientes ofensas por la habilidad del gesto dramático y teatral…’

Balbín asumió su propia defensa y entre otras cosas afirmó, respecto a los dichos que la Justicia había destacado como desacato, que ‘¡es inexacto, totalmente, que yo haya hablado de hacer revoluciones! ¡Cómo voy a comprometer a destiempo a las jóvenes generaciones de radicales! ¡Cómo voy a pedirles el sacrificio de su sangre, si todavía tengo la mía sin gastar! Yo hablé de la revolución radical, sin armas…’, aunque sabiendo que ya estaba condenado antes del juicio, hablándole a la historia dejó en claro su pensamiento. ‘No me detendré, señor Presidente, en la puerta de mi casa a ver pasar el cadáver de nadie pero tenga la seguridad, señor presidente, que estaré sentado en la vereda de mi casa viendo pasar los funerales de la dictadura para el bien del país y para honor de la República y de América. Si con irme de aquí pago precio, como cualquier otro de los luchadores de mi partido; si este es el precio por el honor de haber presidido este bloque magnífico, que es una reserva moral del país, han cobrado barato; fusilándome, todavía no estaríamos a mano’. Lo que siguió es historia conocida, 108 legisladores votaron por desafuero bajo la mirada vigilante del Presidente del Cuerpo Héctor J. Cámpora. Pese a estar oculto un tiempo, y tras votar el 11 de marzo de 1950, Ricardo Balbín fue detenido y pasó 297 días preso hasta que el 2 de enero del año siguiente fue indultado por el Presidente Perón, medida que el propio Balbín rechazó.

Pedido de Desafuero de Illia

Estos dos casos, el de Sammartino y el de Balbín, en mayor o menor medida, son conocidos, pero mucho menos conocido es que uno de los diputados que también tuvo causa en la justicia por sus dichos y que también fue pedido su desafuero es Arturo Umberto Illia. Los mismos que tiempo después lo trataban como un viejo bonachón y lento, y a quien burlaban equiparándolo con una tortuga, lo acusaban de desacato. Se ve que la tortuga, de lento, no tenía nada.

Dado lo grotesco y desconocido del caso, nos explayaremos con mayor detalle. Todo comenzó el lunes 4 de diciembre de 1950 cuando el comisario de Gonzáles Chaves, Oscar  Castro, le envía una nota al Jefe de la Unidad Regional VI con asiento en Bahía Blanca, de la que dependía la comisaría de Gonzáles Chaves, en la que especificaba que ‘en la tarde de ayer a las 20,20 horas se llevó a cabo la conferencia política de carácter público, realizada por la Unión Cívica Radical […] autorizada por la División Orden Público […] asistieron a dicho acto unas ciento cincuenta personas [y] el acto fue controlado por el suscripto’. Curiosa forma de poder manifestarse la oposición política en democracia si los actos públicos tienen que ser autorizados por la policía y sus autoridades controlarlos, pero más allá de esto, que en sí mismo contradice la noción de democracia, lo curioso es que en la nota el comisario centra su escrito en las palabras pronunciadas por Arturo Illia quien, luego de mencionar el caso de Sammartino, Rodríguez Araya y Santander que estaban exiliados en Uruguay, según sostiene el comisario afirmó que ‘la injusta sentencia aplicada al Dr. Ricardo Balbín; la inconciencia de los jueces, que posiblemente presionados o bien para conquistarse la simpatía de los gobernantes, dictaban fallos arbitrarios, como el Dr. Menegazzi, para con Balbín’.

El viernes siguiente, 8 de diciembre, el titular de la Unidad Regional VI Guillermo Picasea se suma a lo afirmado por Castro y dirigiéndose al Señor Jefe de Policía (División Orden Público) replica la expresión que se le atribuye a Illia y afirma que ‘pudiendo constituir ello la comisión del delito de DESACATO (en mayúsculas en el original), es que elevo a consideración del Señor Jefe’. Una semana después es recibido el informe producido en Bahía Blanca en la Jefatura de Policía donde el Inspector Mayor José Nicola pasa vista al Asesor de la Repartición. El 26 de diciembre quien responde es el Subasesor Dr. Carlos Grillo quien sostiene que ‘el delito de Desacato art. 244 del C. Penal, es de acción pública, y si el párrafo transcripto que se atribuye como expresión pública del Dr. Arturo Illia, es real, no correspondía la consulta y si procede de inmediato a labrar las actuaciones y dar cuenta al Juez competente’, es decir, una de cal y una de arena, puesto que no da por ciertas las afirmaciones atribuidas, pero da el espacio para el caso que lo necesiten y, en consecuencia, avanzar con la investigación. Sobre esta base el Jefe de la División Orden Público Inspector Mayor José Nicola dos días después remite ‘al Señor Jefe de la Unidad Regional número VI – Bahía Blanca – para los fines pertinentes’. En menos de un mes, del año 1950, se había relevado el acto de la UCR y se había hecho el circuito interno dentro de la Policía de la Provincia de Buenos Aires de cara a iniciar la investigación por desacato contra Arturo Illia, que termina de cerrarse cuando el 9 de enero de 1951 el Comisario Inspector Andrés Osour remite al Encargado de la Comisaría de Gonzáles Chaves las actuaciones ‘en que surge, conforme lo opinado por el Señor Subasesor de la Repartición DOCTOR CARLOS A. GRILLO el delito de DESACATO en perjuicio del Señor Juez Federal de La Plata doctor LUIS MENEGAZZI y en consecuencia procederá a la instrucción del correspondiente sumario’.

Es decir, sin intervención judicial alguna hasta el momento, y con la confirmación interna de la Policía, que valida lo que la Policía consulta respecto al accionar de la Policía, comenzaba la investigación para comprobar si, como sospechaba el comisario de Gonzáles Chaves, Oscar Castro, Arturo Illia había incurrido en Para ello, el 16 de enero el Subcomisario Alfredo Ortelli hace saber que de instruir ‘el correspondiente sumario de prevención para la comprobación legal del hecho [y para ello] hágase comparecer a los oficiales Juan Carlos Sommariva y Elfio Brignoni, que controlaron el acto, a los fines de prestar declaración sobre el particular’. Rápidamente, al día siguiente, el 17 de enero, Elfio Brignioni declara que ‘en el carácter de encargado de la Oficina de Movimiento Social y Gremial de la Comisaría de González Chaves (sic), el declarante asistió a la conferencia de carácter político [y] recuerda perfectamente que el orador de referencia, Diputado Nacional Dr. ARTURO ILLIA, se refirió a “la injusta sentencia aplicada al Dr. RICARDO BALBÍN”, expresando textualmente “… sobre la injusta sentencia aplicada al Dr. Ricardo Balbín; la inconciencia de los jueces, que posiblemente presionados o bien para conquistarse la simpatía de los gobernantes, dictaban fallos arbitrarios, como el Dr. Menegazzi, para con Balbín…”’ y agregó que ‘el declarante tomó personalmente y con exactitud los apuntes de los temas tratados y versados en este acto, confeccionando luego el informe que sería elevado a las autoridades superiores a sus efectos’.

Esta declaración es curiosa por múltiples razones, la primera de ellas por el rol que ocupaba el citado Brignioni en la comisaría, algo que no aparece como muy democrático, y seguidamente la memoria con la que contaba, puesto que el informe que dice haber confeccionado lo firma el Comisario Castro, que en ningún caso menciona un informe previo, y si aun así fuera, más de un mes después recuerda textualmente las palabras de Illia, dato curioso por cierto, tan curioso como la declaración que presta al día siguiente, el 18 de enero de 1951, el Oficial Subinspector Juan Carlos Sommariva, quien repite, textualmente, las palabras que Castro y Brignoni, imputando a Illia, lo cual expone o que en la policía de Gonzáles Chaves trabajaba gente muy memoriosa o que todo era una mera pantomima para cumplir con ciertos pasos procesales pero en realidad ninguno podía dar fe de lo que había ocurrido, tan solo se acumulaban las acciones para poder avanzar con la acusación contra Arturo Illia.

Pero no eran solo los policías de Gonzáles Chaves quienes gozaban de semejante memoria, sino que también muchos vecinos del pueblo, ya que al retomar el cargo en la comisaría el Comisario Castro, y siguiendo con las actuaciones, el 30 de enero de 1951 se cita a dos vecinos que ‘según las averiguaciones ordenadas a fin de poder establecer la existencia de personas que hayan concurrido al acto, siendo estos BRUNO SENZACQUA y GUILLERMO LACANAL’, quienes rápidamente se presentan ante las autoridades y al día siguiente, casi dos meses después del acto dan fe de lo allí ocurrido. Senzacqua afirmó que ‘pasa por la esquina [y] se detuvo en dicho lugar’ pero pese a lo informal de la situación, ya que no había ido al acto, puede dar fe que ‘usaba la palabra el Diputado Nacional Dr. ARTURO ILLIA, [y] recuerda que el nombrado orador tocó el tema de la “injusta sentencia que el Dr. Menegazzi, había aplicado al Dr. Ricardo Balbín”, expresándose en términos, que si bien no recuerda textualmente, resultaban agraviantes, pues dijo el nombrado orador que los fallos eran arbitrarios, bien presionados o para conquistarse la simpatía de los gobernantes’. Para no recordar textualmente, es muy parecido a lo que manifestaron los policías. Es claro que el testimonio de Senzacqua es fraguado, máxime aun cuando el propio declarante afirma que ‘finalizada la palabra del Dr. Illia, usó de la misma el Dr. Lebenshon (sic), no terminando de escuchar a la misma pues se retiró del lugar hacia su domicilio’. Vaya uno a saber por qué razón lo hizo, pero es claro que el citado testigo no podía atestiguar nada y que fue parte de un engranaje dispuesto a poner piezas en un rompecabezas que pudiera culminar en el desafuero y la detención de Illia, ya que la endeblez del testimonio que se exhibe es abrumante, lo mismo que ocurre con el restante testigo, Guillermo La Canal quien sostuvo ante las autoridades policiales que ‘recuerda perfectamente, que luego de varios oradores, entre ellos el Dr. Francomano y el Senador Escalada, hizo uso de la palabra el Diputado Nacional Dr. Arturo ILLIA, quien sin poder determinar con exactitud los términos empleados en su oratoria, pero sí de que se refirió con frases agraviantes a la “injusta sentencia aplicada al Dr. Ricardo Balbín”, diciendo que los Jueces, como el Dr. Menegazzi, obraban o bien presionados o bien para conquistarse la simpatía de los gobernantes, dictando fallos arbitrarios’. Otra cita textual. Qué coincidencia. Es de mencionar que ‘sin poder determinar con exactitud los términos empleados’ fue bastante exacto en emplear términos para mencionar los supuestos dichos de Illia, aunque no lo fue en mencionar los oradores, puesto que mientras sostuvo que ‘luego de varios oradores, entre ellos el Dr. Francomano y el Senador Escalada’ habló Illia, el informe que diera origen a esta investigación mencionaba que los únicos oradores previos al Diputado de Cruz del Eje habían sido Francomano y Escalada. Memoria selectiva, que le llaman. Y tras tomar estas declaraciones, el Comisario Castro finalmente eleva ‘a la superior consideración y resolución de S. S. el Señor Juez Federal de Bahía Blanca Dr. Eliseo C. Schieroni’ lo investigado, por considerar que ‘a juicio de la Instrucción que con lo actuado no hay otras diligencias que practicar’.

En un mes la Policía había resuelto avanzar con la investigación de desacato, y también en un mes, con declaraciones internas y testigos del vecindario, había dado por probado el delito por lo que sería el titular del Juzgado Federal, que en la práctica no existía puesto que era un Juzgado Nacional, el encargado de proseguir con la causa. Una rapidez llamativa para la época, aunque no tan llamativa para avanzar en contra de los opositores, como ya se había demostrado en el caso del desafuero de Ricardo Balbín.

Doce días después de enviada, la investigación llega al Juzgado Nacional de Primera Instancia y en un mismo día se recibe, se da vista al Procurador Fiscal para que se expida sobre la competencia del Juzgado y el Fiscal dictamina que, efectivamente, el Juez Eliseo Schieroni es competente para esta causa, y todo ello en una mañana puesto que el Secretario del Juzgado, Horacio Vázquez Cuesta, lo recibe nuevamente en la Fiscalía ‘siendo las doce y quince horas’, aunque pasa casi una semana para que el Juez Schieroni declare ‘la competencia del Juzgado para entender en la presente causa, debiendo formarse proceso para investigar el hecho e individualizar a sus autores’, para lo que se libra ‘el oficio al Sr. Comisario de González Chaves (sic)’, que curiosamente se efectiviza casi una semana después, el 20 de febrero de 1951, y lo hace Carlos Cerviani, Juez Subrogante del Juzgado Nacional de Bahía Blanca.

El 24 de febrero se libran las citaciones desde la Comisaría de Gonzáles Chaves y rápidamente el 26 de febrero los cuatro testigos prestan declaración ante el Juez Nacional Schieroni, donde cada uno de ellos ‘la ratifica en todo su contenido y reconoce la firma que la suscribe, como suya. [y] Que no desea agregar nada más’. Con esta base, el Juez Schieroni fue por los restantes testigos, los propios oradores del acto, por lo que el 2 de marzo de 1951 pidió se recibiera ‘declaración testimonial mediante informe, a los miembros de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, Armando J. Francomano y Alfredo Escalada’ y exhortaba ‘al señor Juez Nacional de Primera Instancia, -sección Mercedes- a fin de que reciba declaración testimonial a Moisés Lebenshon (sic)’, a quienes les formulaba cuatro inquisiciones. La tercera de ellas, y es la que iba al meollo de la ‘investigación’ en curso, mencionaba ‘3a) Diga el testigo si fue orador en dicho acto el diputado nacional Arturo Illia, caso afirmativo, cual fue el tema de su disertación, expresando concretamente si se refirió a la “injusticia que se había cometido en la condena del Dr. Ricardo Balbín” si aludió a “la inconciencia de los jueces” diciendo que, “posiblemente presionados o bien para conquistarse la simpatía de los gobernante, dictaban fallos arbitrarios”’.

Quien primero dio respuesta, desde Verónica, fue Alfredo Escalada, quien el 13 de marzo afirmó que ‘estuve presente en la primera parte de la conferencia a que se refiere la pregunta, pero la abandoné inmediatamente después de haber hecho uso de la palabra [y] que el diputado nacional Arturo Illia estaba anunciado como orador en el acto de Gonzáles Chaves; que por referencias de terceros estoy informado de que habló en dicho acto, que no me consta el tema de su disertación ni el tenor de sus manifestaciones, por no haber estado presente cuando las mismas fueron vertidas’  y al día siguiente quien envía su descargo al Juez Schieroni es Armando Francomano, quien de manera contundente esgrime que ‘en dicho acto usó de la palabra el Sr. Diputado Nacional Doctor Arturo Illia, no recordando si en algún pasaje de su discurso pronunció las palabras que se le han transcripto en el oficio aludido; pero que tiene la convicción de que ellas no sean exactas, pues ha tenido oportunidad de escuchar al citado Sr. Diputado muchas veces y jamás le ha oído bajar la calidad de su oratoria para ir al terreno de lo personal. Afirmar que dijo o no dijo tales palabras le resulta imposible después del tiempo transcurrido; lo que sí creo dijo era injusto en una democracia procesar a los hombres que hacían el análisis de los gobiernos, en mi recuerdo esas fueron más o menos las palabras del Doctor Illia’, curiosamente Francomano, también vecino de Gonzáles Chaves, no contaba con la memoria que sí contaba el resto de los testigos del pueblo.

Más complejo resultó contar con el testimonio de Moisés Lebensohn, quizás porque el Juez de Bahía Blanca citaba a un ciudadano de igual nombre pero con un apellido diferente, según el juez era Lebenshon, aunque considerando que ni siquiera se citaba bien el pueblo en donde habrían ocurrido los hechos, más complejo era que supieran escribir bien el apellido del líder radical.

Tras varias idas y vueltas de escritos judiciales, que incluyeron comunicaciones entre el Juzgado de Bahía Blanca, el de Mercedes y el Juez de Paz de Junín, que era donde residía Moisés Lebensohn por la incapacidad de poder ubicar al testigo para que preste declaración, el 10 de abril de 1951 compareció ante el Juez de Paz Guibelalde, Moisés Lebensohn a fin de responder el mismo exhorto que, casi un mes atrás, habían respondido Francomano y Escalada. En este caso la respuesta fue mucho más política y contundente que en el de sus correligionarios, puesto que Lebensohn sostuvo que ‘es verdad fue orador en dicho acto el diputado nacional Arturo Illia, quien se refirió en su disertación a los problemas institucionales del país. Que no son exactos los términos que le atribuyen a dicho diputado en la pregunta formulada. El Dr. Illía expresó la solidaridad del radicalismo con el Dr. Balbín, a cuya prisión aludió como una definición del momento político argentino. Se refirió en términos generales a la situación de la justicia y a la necesidad de que esta garantice su imparcialidad en su independencia ante los poderes políticos, lo que no ocurre en el momento actual, dando como prueba de su aserto, la presencia de las más altas magistraturas judiciales en actos políticos del régimen gobernante.’.

Dos semanas después de la declaración de Lebensohn, el 24 de abril de 1951, el Juez Schieroni fue por el acusado y citó para el 23 de mayo a audiencia al Diputado Arturo Illia diligencia que incluía una comunicación del Juzgado de Bahía Blanca al Juzgado de Córdoba y de éste al Juzgado de Paz de Cruz del Eje, ciudad donde se domiciliaba el Dr. Illia. El Juzgado de Paz lo cita a través de cédula el 9 de mayo pero el Diputado Illia no se encontraba presente en su casa, por lo que se lo notifica a través de su esposa y días después remite una nota al Señor Juez Nacional de Primera Instancia en la que asiente el haber sido notificado pero que ‘en razón de mis tareas parlamentarias no me es posible concurrir a dicha audiencia en la fecha señalada, circunstancia que me hace pedir al Juzgado quiera fijar una nueva fecha.’ que el Juez Schieroni fija para el 18 de junio de 1951.

Resulta singular, sin embargo, que pese a haberse notificado el Diputado Illia el 9 de junio de 1951, el Juez Schieroni el 3 de julio de 1951, es decir siete meses después de los hechos denunciados, resuelva que ‘Notificado el doctor Illia a fs.45 solicitó nueva audiencia, la que se decretó para el 18 de junio, notificándose el imputado a fs.49 vta; audiencia esta última a la que tampoco concurrió ni hizo saber la causa de su incomparecencia. Corrida nueva vista al Señor Fiscal, dictamina en el sentido de que correspondería solicitar a la Cámara de Diputados de la Nación el desafuero del doctor Illia, atento a su condición de Diputado Nacional. Que al doctor Illia se le imputa el delito de desacato al señor Juez Nacional, doctor Menegazzi, encontrándose la causa en la situación prevista en el art.236 del Código de Procedimiento en lo Criminal, lo que motivó la invitación a que se ha hecho referencia y, atento a su calidad de Legislador Nacional, el proveyente no puede coartar la libertad personal del nombrado a efectos de que cumpla con la medida sumarial pendiente conforme lo dispone el art.62 de la Constitución Nacional. Por ello, teniendo en cuenta lo dictaminado por el señor Procurador Fiscal y en mérito de lo dispuesto por el art.63 de la Carta Política, RESUELVO: remitir el presente sumario a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, para que, examinando su mérito, considere si corresponde suspender en sus funciones al señor Diputado Nacional. doctor Arturo Illia, poniéndolo a disposición de la Justicia.’.

A todas luces una persecución política enmascarada en una causa judicial, lo que casi setenta años después se ha dado en llamar lawfare, pero que no amedrentó a Illia, quien dos días después de la resolución de Schieroni en un acto en Témperley, y del que contamos con la ‘versión taquigráfica de la grabación fonomagnética efectuada por el Servicio General de Telecomunicaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires’ O sea que la policía había recibido órdenes de grabar los discursos de los opositores, y en el que en sus principales pasajes afirmó que ‘vosotros debéis entender, señores, que la Unión Cívica Radical es un partido que se ha hecho desde abajo para arriba. Es fácil formar un partido político dando un salto de Campo de Mayo a la Casa Rosada, utilizar todos los resortes oficiales y perpetuarse en el poder. Lo difícil es seguir por los caminos de la República, ir buscando a la gente y hablándoles al corazón y a la conciencia, hablarles al sentimiento y a su inteligencia, para decirles que es lo que quiere un partido político, cuáles son nuestras ideas, para que vengan poco a poco los hombres de buena voluntad fortaleciendo este partido y así presentarse en las luchas cívicas de la República y entonces el pueblo decida cuál ha de ser su destino y cuál ha de ser su clase gobernante. Así se formó la Unión Cívica Radical. Este otro partido que nosotros enfrentamos se formó de una manera sumamente distinta. Llegaron al poder y cómo llegaron al poder y para qué llegaron al poder?. Porque se realizó aquella revolución del 4 de Junio de 1943’, agregando que ‘llegó el 44, cuando se creó la oficina de Trabajo y Previsión que ahora quieren convertir en un monumento Nacional, ahí como secretario de la oficina de Trabajo y Previsión el actual Presidente de la República. Y qué sabía el Señor Presidente de la República de movimientos obreros, de sindicalismo, y de inquietudes de la clase trabajadora argentina, si nunca había actuado en nada de esto, si nunca había leído nada, si no le conocemos un libro o discurso ni una inquietud de ninguna naturaleza? Como salió de la noche a la mañana en señor tan amante de las clases trabajadoras de la República?’.

Y en línea con sus discursos de la época que tanta ira generaban en el oficialismo, y dejando en claro que en la defensa de sus ideales no había espirit du corp que lo hiciera retroceder un tranco, Illia afirmó que ‘Entonces, sí están esos diputados obreros en el Congreso de la Nación también sirven de pantalla para poder decir, acá existen algunos representantes de la clase trabajadora argentina, pero ellos también deben votar sumisamente las órdenes, porque en este país en desorden deben cumplirse solamente las órdenes que parten de la Casa Rosada’.  Y fue a fondo en su ataque a la gestión peronista al afirmar que ‘existe un Ministro de Trabajo y Previsión que es vidriero y que es un obrero y lo han puesto de Ministro […] nos alegramos que el señor Freire, vidriero, esté ocupando el Ministerio de Trabajo y Previsión, pero de lo que no nos alegramos es que cualquiera que vaya al Ministerio de Trabajo y Previsión a solucionar un conflicto, no pregunte nadie por el señor Freire, que pregunten todos por la mujer del Presidente que es la que dirige el Ministerio de Trabajo y Previsión. El señor Freire sirve únicamente para abrirle la puerta y para alcanzarle la silla en que se siente, a la esposa del Presidente de la República. Y yo digo que eso los lastima, porque eso sí que es una afrenta contra la clase trabajadora argentina. Si quisieron poner un trabajador, denle toda la jerarquía, toda la dignidad, toda la libertad para que actúe de acuerdo con su conciencia y que no sea un mucamo más al servicio de esta dictadura…’ a lo que agregó, sabiéndose denunciado y vigilado, que ‘acá en la Argentina está todo controlado y vigilado por esta tremenda policía, por este tremendo estado policial que ha creado este régimen’ de lo cual él mismo podía dar fe de acuerdo a las causas judiciales que se le armaban para intentar acallar las voces opositoras, culminando su alocución pretendiendo desenmascarar al régimen gobernante afirmando que ‘Estos hablan de que cumplen todo y no cumplen con nada ni con nadie. Cumplen con ellos mismos, cumplen con la jerarquía oficial, cumplen con los hombres encumbrados que ayer tenían los fundillos rotos y hoy se pasean en automóviles que no pueden estar al alcance de la clase trabajadora argentina’.

El Juez de Bahía Blanca había pedido su desafuero, y antes que el pedido ingresara en la Cámara de Diputados, donde llegó el 18 de julio de 1951, otra vez la rueda del silenciamiento y sojuzgamiento de opositores pretendía ponerse en movimiento ya que el 10 de julio de 1951 el Jefe de Taquígrafos Roberto Vilche envía la transcripción del discurso al Jefe de la División Orden Público, Inspector Mayor José Nicola, quien 3 días después decreta que ‘existiendo a juicio del suscripto que en el discurso pronunciado por Diputado Nacional Dr. Arturo Illia […] el delito de desacato en perjuicio del Exmo. Señor Ministro de Trabajo y Previsión Sr. José María Freyre, resuelve remitir el presente al Señor Comisario de la Policía de Lomas de Zamora, Sección 3ra.’.

En esta oportunidad fueron mucho más expeditivos que cuando la acusación por el discurso de Gonzáles Chaves, quizás el haber involucrado a Eva Perón y a un colaborador directo de la Primera Dama haya tocado otros resortes gubernamentales, puesto que el mismo 13 de julio el Comisario Titular Enrique Asprea resuelve ‘instruir el correspondiente sumario por DESACATO, con intervención del Juez Benjamín Bambill’ contra el Diputado Arturo Illia. Un día después se envían las citaciones a los testigos y el mismo 14 de julio declaran al Oficial Inspector José Pedro Varela (h), el Oficial Ayudante Armando García, el Oficial Ayudante Ignacio García quienes afirman, por separado pero con iguales palabras que, ‘el Diputado Nacional Dr. ARTURO ILLIA […] decía “que el señor Freire, vidriero, se alegraba esté ocupando el Ministerio de Trabajo y Previsión, pero que nadie preguntaba por el señor Freire en dicho Ministerio, cuando concurren a solucionar un conflicto sino preguntan por la mujer del Presidente, que es la que dirige el Ministerio de Trabajo y Previsión. Que el señor Freire sirve únicamente para abrirle la puerta y para alcanzarle la silla en que se siente, a la esposa del Presidente de la República. Que eso era una afrenta a la clase trabajadora argentina, que si quisieron poner un trabajador, abría (sic) que darle toda la jerarquía, libertad y dignidad, para que actuara de acuerdo con su conciencia y no sea un mucamo más al servicio de esta dictadura.’. Sin dudas, las declaraciones eran pequeños maquillajes del discurso pronunciado por Illia y que la Policía había transcripto. Similar situación ocurrió cuando un día después, el 15 de julio, declaró el Oficial Ayudante Héctor Biagi.

Resulta particular que pese a que el 15 de julio el Juez Bambill autoriza al Comisario de la Comisaría 3ra. ‘para instruir el correspondiente sumario limitado a la comprobación del hecho y de su autor, sin interrogar ni tomar medida alguna contra el Diputado dados sus fueros’ las autoridades policiales ya habían iniciado la tarea, que continuó el 21 de julio con la declaración testimonial de Juan Antonio Sosa y el 23 del mismo con la declaración testimonial de Pedro Lapegüe quienes, palabras más palabras menos, repitieron lo enunciado por los funcionarios policiales que, a su vez y curiosamente, repitieron, palabras más palabras menos, la transcripción de los taquígrafos policiales.

La causa entró en un impasse y, repentinamente el 14 de agosto recobra fuerzas cuando el Oficial Inspector Oscar Penas de la Comisaría 3ra. De Lomas de Zamora enuncia que ’no me ha sido posible establecer que otras personas presenciaron el hecho presente’ en relación al discurso de Illia, por lo que el Comisario Asprea solicita ‘a la Superioridad la averiguación de quienes sean las personas que se hallaban presentes’ a lo que el Instructor libra el oficio  y, el mismo día el Comisario Asprea resuelve que ‘no habiendo a juicio de esta Instrucción otras diligencias que llenar en las presentes actuaciones [decide] elevarlas a la consideración y superior resolución del señor Magistrado de intervención’.

Finalmente se eleva copia del ‘sumario instruido por desacato al Señor Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, en virtud de resultar acusado el Diputado Nacional Dr. Arturo Illia’ pero lo curioso del caso es que quien lo hace no es el Juez Bambill sino Andrés Guatta, General de Brigada y Jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Como mencionamos antes, esta última misiva expone a las claras como todo era una puesta en escena para perseguir y acallar opositores y, en ningún caso, una investigación real en pos de dilucidar la comisión o no de un delito. Por ello nos hemos extendido con tanto detalle, porque cada paso seguido en los procesos exponía claramente cómo se pretendía seguir un debido proceso, tras la vergüenza que había sido el desafuero de Ricardo Balbín, y se pretendía garantizar el derecho de defensa de los acusados, aunque estuviera dictada de antemano la resolución de la causa.

El hecho que el acusado en el caso relatado sea Arturo Illia expone además que no era aquella tortuga que se pretendía mostrar desde los medios de comunicación una década y media después cuando desde la más alta magistratura del país puso a la República de pie y al servicio de los ciudadanos.

Asimismo, esta investigación muestra un verdadero caso de lo que ahora se dio en llamar lawfare y expone, en contraposición, las diferencias con la época actual.

Por eso es preciso precisar conceptos, porque como dijimos al inicio, un político preso no es un preso político, y no toda investigación judicial pretenda acallar opositores.

Como contrapartida vale la pena recordar la actuación democrática del presidente Raúl Alfonsín, en 1988, cuando el diputado nacional peronista José Luis Manzano lo trató de hijo de puta en un debate parlamentario.

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