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Derechos Humanos en la región

Por: Escuela Raúl Alfonsín

El Informe de Michelle Bachelet sobre la situación de Venezuela alerta sobre la grave situación de violación a los derechos humanos bajo el régimen de Nicolás Maduro.


El pasado martes 6, la Alta Comisionada de Naciones Unidas por los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó ante el Consejo de ONU el durísimo informe (https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24788&LangID=S) que detalla las investigaciones realizadas en Venezuela, con respecto a las violaciones perpetradas a los derechos humanos. El debate y tratamiento que tuvo en Argentina y, particularmente, en nuestro gobierno nacional, merecen la atención y la evaluación de todos los ciudadanos.

Es una instancia preocupante. Ha quedado evidenciada (una vez más) la ambivalente posición ideológica de la fuerza gobernante. Uno de sus capitales principales ha sido, justamente, la bandera de los derechos humanos. Desde su irrupción en la vida pública e institucional de la Nación, el kirchnerismo ha gritado a todos los vientos su inquebrantable compromiso con esta causa. En igual o mayor medida, se ha preocupado por señalar y acusar a sus críticos como “la derecha”, “la dictadura”, “cipayos”, “vendepatria”. Fruto de esa constante prédica, informada más por el resentimiento y la venganza que por un espíritu superador, fraternal y democrático, el concepto de derechos humanos, uno de los logros más trascendentales de la mente humana de los últimos tiempos, se ha visto socavado y hasta pervertido.

La posición hacia Venezuela arroja luz sobre el verdadero compromiso que cada uno tiene para con este concepto. Las cifras y las investigaciones que mostró el informe son tenebrosas y oscuras. Se han constatado más de 2000 muertes a causa de operaciones de seguridad en barrios humildes de Venezuela; cifra que, según las asociaciones civiles locales, asciende a mucho más. Se han constatado torturas, ejecuciones extrajudiciales, persecuciones, detenciones arbitrarias, desapariciones.

El Informe fue presentado ante el Congreso para su votación. Vale señalar, que 22 países votaron a favor, 22 se abstuvieron y 3 votaron en contra. ¿Quiénes integran este último segmento? Filipinas, cuyo régimen, desde el 2016 y con Duterte a la cabeza, cuenta los muertos por operaciones de seguridad de a decenas de miles; Eritrea, el país denominado “el más cerrado del mundo”, que vive un atraso descomunal y difícil de imaginar, con un 1% de la población con acceso a internet y con la televisión por satélite vetada para casas particulares; y, por supuesto, Venezuela.

¿Qué hizo, y hace durante estas horas, el Estado Argentino?

En el Consejo de ONU, votó a favor del informe. Días antes, nuestro embajador ante la OEA, Carlos Raimundi, lo había criticado. Alicia Castro, defensora del chavismo y embajadora en Rusia, renunció al cargo por no encontrarse en línea ideológica con el actual gobierno. En el transcurso de estos eventos, el Ejecutivo Nacional apareció ambivalente, dubitativo. Felipe Solá, el Canciller, salió a intentar esclarecer la posición argentina, señalando el compromiso de este Estado para con los derechos humanos, a la vez que castigaba el bloqueo hacia Venezuela. Pero Santiago Cafiero, Jefe de Gabinete, dijo ante el Congreso que no existían razones que justificaran apartar a Raimundi del cargo.

Idas y vueltas de un oficialismo que muestra no sólo sus disputas internas, sino su endeblez ideológica. Argentina ingresa a un período que promete ser muy duro, como pocos en nuestra ya dramática historia. De ahí que el caso de Venezuela no interese sólo por la trágica condición en la que se encuentra un país hermano; interesa también porque este debate delinea los conceptos que tenemos nosotros mismos de los derechos humanos. Los cuales piden a gritos participación y preponderancia en una agenda pública desbordada por los problemas. «Venezuela no es sólo una tragedia nacional, es un tumor que se expande por la democracia latinoamericana», dijo elocuentemente el socialista Felipe González, ex presidente del Gobierno español.

El ser humano logró forjar ese concepto no para que sirva sólo de colador, de espaldarazo a una política pública; el desafío es que nutra y dé origen, desde su inagotable fecundidad, al pensamiento y el obrar político.

Es decir, para salir de esta crisis, que es a la vez ambiental, económica, social, cultural, educativa y política, debemos partir de una idea primigenia, potente, pura, como es la de los derechos humanos. Ella nos permite entender a la relación entre el individuo con sus pares y con la sociedad que lo cobija, al rol del Estado y el derecho, a la orientación de las políticas públicas en orden a conseguir la tan ansiada noble igualdad que procura nuestro himno.

Por todos es bien conocido el manoseo que sufrió esta idea en nuestra tierra. Demasiados interesados, demasiados malintencionados la usaron para usufructuar con ella. No podemos seguir más ese camino. Debe saberlo el Gobierno nacional, principal responsable a la hora de velar por ella. La persecución a la justicia, denunciada por la ONG Human Rights Watch, y la creación del organismo de control de prensa, pomposamente denominado “NODIO”, no van en esa línea. Tampoco están en sintonía, ciertamente, los dichos de las autoridades y los militantes oficialistas, cuyos detalles no valen la pena ser mencionados. “Ellos no son la Argentina”, dijo recientemente Santiago Cafiero, el Jefe de Gabinete, sobre quienes acudieron a la última marcha de protesta, el 12 de octubre.

En otra de nuestras editoriales hemos dado nuestra opinión acerca de la recurrente comparación que el mismo Presidente se hacía con Raúl Alfonsín. La diferencia, dijimos, y lo mantenemos, es mucha. Demasiada. Pero puede honrar su nombre y, sobre todo, su obra, en la búsqueda de los consensos necesarios e indispensables. Debe luchar por ellos con toda su fuerza, porque es a través de ellos que daremos con las soluciones, que son eminentemente políticas. Recalar en el odio, en la utilización del pasado para generar más atraso, en la comparación estúpida, en la tibieza para con la corrupción y la vocinglería, significará nuestra tragedia.

En Venezuela hay torturas, hay desaparecidos, hay policías paralelas y servicios de inteligencia perversos. Hay más de 5 millones de exiliados. Hay muertes y más muertes. Argentina debe solidarizarse para con el país hermano, señalando lo que la justicia y el respeto por los derechos humanos imponen. En su tratamiento, en su debate, estamos poniendo en juego no sólo la salud de ese mismo pueblo hermano, sino también la nuestra. La región necesita una señal de honestidad, rectitud y fraternidad. No podemos dejar que el péndulo se sedimente, y concurramos a una disputa estéril y demente entre populismos de derecha e izquierda, que a fin de cuentas, como muestra Venezuela, desemboca en sangre derramada entre hermanos.

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