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Alfonsín: La democracia legitimada

Por: Juan Manuel Casella

Alfonsín pensó la democracia al estilo yrigoyeniano: no sólo como un sistema de gobierno, sino como una forma de vida. Uno de sus componentes básicos es la igualdad ante la ley, esencial para concretar la vigencia del estado de derecho. Todos sometidos a la ley, cualquiera fuese su jerarquía intelectual, su patrimonio o su ubicación en la estructura del Estado.


Cuando los argentinos tratamos de explicarnos las razones de nuestra decadencia, la mayoría de nosotros encuentra una fecha precisa que constituye el momento inicial de un recorrido que a esta altura nos agobia hasta el punto de cuestionar nuestro destino colectivo. La fecha en la que coincidimos es el 6 de septiembre de 1930.

Allí comenzamos una trayectoria que nos llevó de la tutela militar a la lisa y llana pretensión de militarizar la sociedad. Desde el 30 al 43, la democracia fue deslegitimada por el fraude.  Desde el 43 al 55, el poder se concentró y personalizó a partir de un proyecto autoritario que mejoró la distribución del ingreso a costa de la libertad. Entre el 55 y el 63 la democracia fue desnaturalizada por las proscripciones: Illia, que las levantó, fue un interludio -hoy todos lo reconocemos-  tan notable como breve, interrumpido por la Argentina corporativa aliada a los intereses petrolíferos y farmaceúticos. Desde el 66 al 73 transitamos el camino a la militarización para vivir, a partir del 73, la época más trágica de nuestra existencia independiente.

Durante ese período se definió y consolidó la personalidad de Raúl Alfonsín. Hasta ese momento, había cumplido el recorrido tradicional en el radicalismo de la Provincia de Buenos Aires. Formado junto a Ricardo Balbín, fue diputado provincial y nacional y llegó a la presidencia del Comité de la Provincia, cargo que desempeñaba en el momento en que se produjo el golpe militar de junio del 66. Allí fue cuando asumió el comportamiento que lo convertiría en figura central a partir de un compromiso definitivo con los derechos humanos, que incluyó su confrontación con el régimen de Ongania,  la denuncia de las tres A durante el tercer gobierno peronista y la copresidencia de la APDH en los momentos más duros del terrorismo de Estado. Ese fue, por su coherencia, su valentía y su liderazgo, el mejor Raúl Alfonsín.

En la UCR cumplió con la tarea dolorosa pero necesaria de renovarla enfrentando a Balbín con quien, en definitiva, fueron figuras complementarias: Balbín, con su búsqueda de empecinada de la unidad nacional, consiguió atravesar “los puentes del amor propio” hasta formular frente al cuerpo yacente  de Perón, un reconocimiento tan conmovedor por su autenticidad, que hizo que todo el país, incluyendo al peronismo, se dispusiera a escuchar  el mensaje radical. Alfonsín convocó a ese mismo auditorio con un contenido conceptual, un lenguaje y un gesto político que llegó a todos y lo convirtió en el eje a la reconstrucción democrática.

Un episodio en particular permitió medir su coraje cívico: el 2 de abril de 1982, cuando tantos argentinos  -incluyendo gran parte de la dirigencia- salieron a celebrar la ocupación militar de Malvinas, no vaciló en enfrentar ese estado de ánimo, sostenido en un  patriotismo bien intencionado pero ingenuo e inconsciente. Se opuso, en alta voz en soledad, a una decisión irracional y costosa en términos de vidas humanas que además, fue adoptada con el propósito de prolongar la vida de su régimen agonizante.

Su discurso de campaña –siempre el mismo, en esencia- transmitía lucidez y sinceridad, sin concesiones demagógicas. Cuando al cerrarlo recitaba el Preámbulo de la Constitución Nacional, quien lo escuchaba se daba cuenta que el orador creía profundamente en la validez de esas palabras repetidas con fuerza.

En ese mismo discurso aparecía el concepto de mayor riesgo y compromiso: refiriéndose al terrorismo de estado, sostenía que, si queríamos volver a ser una sociedad civilizada, no podríamos actuar “como si nada hubiese ocurrido en Argentina”.

Alfonsín pensó la democracia al estilo yrigoyeniano: no sólo como un sistema de gobierno, sino como una forma de vida. Uno de sus componentes básicos es la igualdad ante la ley, esencial para concretar la vigencia del estado de derecho. Todos sometidos a la ley, cualquiera fuese su jerarquía intelectual, su patrimonio o su ubicación en la estructura del Estado.

La igualdad no sólo como concepto jurídico, sino como categoría moral, como expresión de respeto al ser humano, incluyendo a quienes siempre, desde el 30 en adelante, se consideraron por encima de la ley, hicieran lo que hiciesen.

Por eso, el juicio a las Juntas, a López Rega y a Firmenich constituyó una decisión revolucionaria, porque cambió la estructura del poder. Ese juicio terminó con la tutela militar y acreditó que, en Argentina, los derechos humanos también están por encima de los que mandan. Durante mucho tiempo, “la democracia formal” –la de los derechos, las garantías y los límites al poder- fue considerada una pretensión burguesa, poco más que un adorno. El drama de los 70 y comienzos de los 80 demostró cuan real y valiosa era su vigencia.

Por eso,  el juicio a las Juntas otorgó a la democracia renacida una legitimidad que le permitió superar las crisis económicas, las tentativas golpistas y el vacío político, que siempre la habían derrotado.

Durante su gobierno, Alfonsín debió enfrentar la acción, alguna vez convergente, de las expresiones tradicionales de la deformación corporativa que desde siempre condiciona nuestras instituciones. No ya las Fuerzas Armadas: el sindicalismo convertido en punta de lanza destinada a apuntalar la recuperación electoral del peronismo, aún a costa de la paz social. Los sectores reaccionarios de la iglesia –Ogñenovich, Torterolo, Bonamin- que se opusieron a los juicios, pero también a la modernización del modelo educativo en el Congreso Pedagógico y a la sanción de la ley de divorcio. La Sociedad Rural, que volvió a colocar los reclamos sectoriales por encima del interés nacional.

El discurso de Parque Norte fue la más elaborada fundamentación teórica de la acción de gobierno. Allí definió con claridad conceptual y expositiva el contenido social de la democracia. La ética de la solidaridad fundamenta la íntima vinculación entre la libertad y la justicia social, aquella relación que Gabriel del Mazo definió como “garantía social de la libertad”.

El radicalismo contaba, en ese momento, con la dotación dirigencial necesaria para definir su ubicación en el plano ideológico. El espacio progresista fue el elegido para darle continuidad a una expresión política histórica que nació en la calle, luchando para devolverle al pueblo su capacidad para autogobernarse y a la República el contenido social que sólo se concreta a partir de un sistema justo de distribución del ingreso.

 Durante el gobierno de Alfonsín no todos fueron aciertos. Las limitaciones objetivas en el plano económico –el endeudamiento, el precio de las comodities, la inflación- profundizadas por la irresponsabilidad de quienes impidieron conseguir los recursos necesarios para superar la crisis, deslucieron la última etapa de su mandato.

Ciertas actitudes adoptadas después, durante el menemismo, abrieron espacio para el debate. Tal vez, el conocimiento de las dificultades enormes que debe afrontar quien gobierna, lo llevaron a reducir las críticas frente a ciertos episodios- los indultos, por ejemplo- o a conceder en materia de reforma constitucional: los porcentajes menores al 50% para ganar el ballotage o la constitucionalización del veto parcial, la legislación delegada o los decretos de necesidad y urgencia, que contradicen el proclamado objetivo de disminuir el hiperpresidencialismo. Pero en diciembre de 2001, cuando todo parecía caerse, demostró que su liderazgo permanecía y servía: trabajó activamente para encontrar la salida que garantizase la continuidad democrática.

Hoy más que nunca, Argentina necesita una propuesta política de fondo que articule libertad e igualdad. El escenario social es deprimente. En un país potencialmente rico, la pobreza que hoy padecemos es el resultado de la incapacidad dirigencial, la decadencia moral evidenciada por la búsqueda grosera y pública de la impunidad, y la prioridad absoluta de los intereses particulares por encima del bien común. Hoy Alfonsín vuelve a ser una referencia esencial para que la UCR recupere su identidad y su destino histórico: definirse, pensar y actuar como la personificación política de la causa popular.

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