El mandatario esgrimió una serie de excusas/razones de su decisión. Señaló que “le falta personal”. Que bajo la dirección de Laura Alonso, la titular anterior, se excedieron los límites de la OA, al presentarse como querellante en demasiadas causas, para tan corto personal. Que esa OA, la anterior, se inmiscuyó en la órbita del Poder Judicial, rompiendo, con ello, el equilibrio que debe existir entre quien acusa y quien se defiende en los juicios.
La OA, cuyo objeto fue reglamentado en el año 1999, tiene como una de sus principales facultades, la de participar como querellante en “los procesos en que se encuentre afectado el patrimonio del Estado”, tal como lo pone de manifiesto, en sus considerandos, el Decreto 102/99 que le dio origen. La misma potestad se enuncia en el apartado e) del artículo 2. El artículo 3, por su parte, aclara que ésta es una atribución que procederá cuando el Fiscal de Control Administrativo así lo considere, por su significación institucional, económica o social. ¿Acaso no se ponen en peligro todas las variantes? ¿No opina Crous de ese modo?
Con respecto a esto último, un dato curioso: en la causa “Vialidad”, donde se investiga, entre otros, a Cristina Fernández, Julio De Vido y José López (el de los bolsos en el convento) por la concesión de 51 contratos viales a Lázaro Báez en Santa Cruz, el Tribunal desestimó dos veces un mismo pedido de la defensa, que señalaba que la OA ya no podía estar como querellante, porque su mandato no era válido y porque violaba el equilibrio antes dicho. El Fiscal de la causa se pronunció en igual sentido que los jueces. Es decir, la Justicia convalida la participación de la OA, cuyo titular pone en tela de juicio.
Dijo Crous que falta personal. Cualquier ciudadano común podría preguntarse, ¿no vale la pena recortar otros gastos, con el fin de garantizar la representación en todos los juicios, dada la sensibilidad y la relevancia que ellos tienen? ¿No puede pedirse parte del presupuesto de, por ejemplo, NODIO, el flamante organismo que controlará la prensa? Pablo Secchi, que dirige la fundación Poder Ciudadano (principal ONG argentina vinculada a Transparency International), dijo a Infobae: “Presupuesto hay, lo que no quieren es seguir con las causas contra ellos mismos”.
Crous criticó el desempeño del organismo en el gobierno pasado. Entre 2015 y 2019, la OA emitió recomendaciones que culminaron en decretos, señaló posibles casos de conflicto y elevó requerimientos (a Dante Caputo y a Juan José Aranguren, quien tuvo que terminar vendiendo sus acciones en Shell, a pedido de esta Oficina); respondió a 174 pedidos de informes de legisladores, 69 pedidos de información pública, además del rol que llevó a cabo en decenas de juicios con cientos de imputados. Lejos estamos nosotros de realizar una defensa de la gestión institucional y judicial del gobierno pasado que, a nuestro juicio y para ser escuetos, dejó mucho que desear. Pero vale la pena recalcar estos puntos porque arrojan luz sobre el tema que tratamos. A principios de año, la OA de Crous le recomendó al Presidente de la Nación que aportara los nombres de los clientes y empresas a quienes asistió antes de asumir, que renunciara a su mandato como titular de la firma “Inmueble Callao 1960 SA”, y que se tomara licencia de su cargo de profesor de la UBA. Fernández se negó a todo ello.
En todos los párrafos anteriores quisimos esclarecer el asunto, contrastando los dichos de Félix Crous con una realidad que los corrige. Ahora, una mirada política.
“Si hay tanta preocupación sobre nuestra querella es porque le tienen muy poca fe a la Justicia”, supo decir Crous. La respuesta es, ¡claro! El rol de la Oficina que él preside es complejo, a menudo intrincado, pero su existencia responde a una necesidad seria y urgente. Responde, también, al consejo de los especialistas en la materia. Muchos países tienen un organismo similar. En la Argentina, la institución depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; es decir, tiene la sensible tarea de custodiar, eminentemente, al mismo Poder Ejecutivo que nombra sus autoridades. Los especialistas señalan que el camino que debe seguirse con respecto a estos organismos u oficinas, es hacia su autonomía, para consolidar y purificar su labor. Fue, de hecho, una de las promesas de Alberto Fernández tras asumir su cargo. Y aquí estamos.
¿Qué percibe de esto el pueblo llano, la gente de a pie, acostumbrada como está al caos y endurecida su sensibilidad frente al escándalo? El mensaje político que transmite Crous a la sociedad no es bueno. Y con él, la mirada se deposita, también, en el Presidente que lo nombró. No queremos entrar en el detalle de su calidad de miembro fundador de Justicia Legítima, o de su recurrente participación en 6, 7, 8, o en el rol que tuvo en la investigación del caso de Santiago Maldonado, de la que fue apartado por proponer testimonios falsos. Nuestra intención, tal como venimos poniendo de manifiesto en cada una de nuestras columnas, es colaborar con el sentido republicano y democrático, y con el respeto por los derechos humanos, elementos sin los cuales será imposible salir de la crisis en que estamos y que tiende a profundizarse severamente.
Muchos males aquejan a nuestra Nación, y el tiempo apremia. Y hay un hambre voraz, horrible, de valores. Uno de los principales: la Justicia. La dirigencia política no viene dando la talla a semejante postulado, tal vez la aspiración máxima del ser humano. Aquí se ha hecho hasta lo imposible para que respiremos cualquier cosa, menos Justicia. El argentino y la argentina de a pie se pueden preguntar con legitimidad: ¿para qué respeto las leyes? ¿Para qué pago mis impuestos? ¿Para qué actúo de manera honrada, si quienes me representan y custodian mis intereses demuestran todo menos honor, conocimiento, moderación? Los ejemplos que desde la clase política se brindan (entre los que anotamos al lamentable papel de Crous, la Oficina que maneja y el Presidente Fernández, que lo designó) invitan a ese ciudadano y a esa ciudadana a la tentación de responder: “Para nada”. Y así, dejando que cunda la desesperanza y el escepticismo, tambalea toda la institucionalidad argentina, su república y su democracia, que con tanto esfuerzo supimos conseguir.
El mismo día que publicamos esta nota, la Corte “le soltó las manos” a los jueces Bertuzzi y Bruglia, en un fallo en el que sólo Rosenkrantz votó en contra. Sumando los distintos eventos, parece que la agenda del oficialismo es clara, y en estricta sintonía con los gobiernos anteriores del mismo signo.
¿Y la distribución de poderes? ¿El respeto por las instituciones? ¿Los Derechos Humanos? ¿El cuidado de la república? ¿La lucha contra los mentirosos, los cobardes que se enriquecen a costa de un pueblo que empobrece? Silenzio stampa.
A continuación, y para finalizar la nota, transcribimos algunos párrafos del Preámbulo de la Convención Interamericana contra la Corrupción, en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA), ratificada por Argentina (http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/41466/norma.htm).
Dispénsennos del título. Poner humor cuando arremete el llanto suele ser, al menos en Córdoba, una virtud.
LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS:
CONVENCIDOS de que la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos;
CONSIDERANDO que la democracia representativa, condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, por su naturaleza, exige combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas, así como los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio;
PERSUADIDOS de que el combate contra la corrupción fortalece las instituciones democráticas, evita distorsiones de la economía, vicios en la gestión pública y el deterioro de la moral social;
RECONOCIENDO que, a menudo, la corrupción es uno de los instrumentos que utiliza la criminalidad organizada con la finalidad de materializar sus propósitos;
CONVENCIDOS de la importancia de generar conciencia entre la población de los países de la región sobre la existencia y gravedad de este problema, así como de la necesidad de fortalecer la participación de la sociedad civil en la prevención y lucha contra la corrupción;
PROFUNDAMENTE PREOCUPADOS por los vínculos cada vez más estrechos entre la corrupción y los ingresos provenientes del tráfico ilícito de estupefacientes, que socavan y atentan contra las actividades comerciales y financieras legítimas y la sociedad, en todos los niveles…”
